Instrucciones del curso pasado declaradas ilegales por un tribunal

Nota de prensa de la FAPA

Martes 25 de septiembre de 2012 por AnaJ

El Juzgado de Madrid nº 32 de lo Contencioso-Administrativo, dictamina que la Consejería de Educación y Empleo debe indemnizar a una docente y rehacer su horario al tener un exceso de dos horas semanales en base a, unas instrucciones de principio de curso que provocaron todas las movilizaciones del curso pasado y que ahora han sido declaradas ilegales por dicho tribunal.

Y no podemos dejar de sorprendernos, van a rehacer el horario de un curso que ya ha pasado, ya ha finalizado, la educación de nuestros hij@s tuvo menos calidad el curso pasado por este motivo, hubo manifestaciones y huelgas. Muchos grupos se quedaron sin tutorias, desdobles, horas de laboratorio, apoyos, tiempo dedicado a las bibliotecas de los centros, etc, y ahora resulta que todo era ilegal.

Lo malo es que en este sector es imposible resarcir el mal, porque las consecuencias se extienden y se sufren mientras existe y después no se puede rebobinar, repetir el curso para hacerlo de otra forma.

Aun así es una buena noticia que, aunque sea tarde y ya poco se pueda hacer, un Tribunal diga que no se debió hacer. ¿Tomarán nota y no lo repetirán? ¿Dimitirán los responsables? ¿Volverán este curso los docentes que quitaron el pasado por estas instrucciones o todo va a seguir igual?

Os transcribimos la nota de prensa emitida a este respecto por la FAPA Giner de los Ríos:

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” considera que la sentencia emitida por el Juzgado de Madrid nº 32 de lo Contencioso-Administrativo, por la que la Consejería de Educación y Empleo debe indemnizar a una docente y rehacer su horario al tener un exceso de dos horas semanales, supone que deben volver de forma inmediata a las aulas los docentes que fueron despedidos mediante unas instrucciones que son ilegales.

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que los tribunales han vuelto a demostrar el desprecio absoluto que la Consejería de Educación y Empleo tiene habitualmente de la legalidad vigente. De nuevo una normativa aprobada por dicha Consejería es declarada ilegal por un tribunal, y no es una sorpresa que esto ocurra, ni con carácter general, ni con relación a esta norma en concreto, pues todos los sectores de la Comunidad Educativa madrileña así lo dijimos cuando fue aprobada.

La Consejería siempre afirmó que la norma era legal y, apoyándose en ella, procedió al despido de muchos docentes madrileños, entonces la mayoría interinos, cuando eran, son, absolutamente necesarios en las aulas madrileñas.

La FAPA, en respuesta a las instrucciones cuya ilegalidad queda ahora demostrada, emitió una nota de prensa en julio del año pasado en la que podía leerse “La FAPA exige a la Consejería de Educación que anule las instrucciones dictadas, que se siente a dialogar con todos los sectores educativos…” y en la misma se realizaban una serie de preguntas que hasta la fecha no han tenido respuesta desde la Consejería, respuesta que llega desde los tribunales. Del diálogo, nada de nada.

Realizábamos preguntas que pivotaban sobre una idea principal: ¿cómo se pueden realizar todas las actuaciones que diariamente necesitan los centros educativos para atender de forma adecuada las necesidades del alumnado madrileño con la pérdida de los docentes que llevaban consigo las instrucciones que se emitieron? La respuesta era obvia, no se podía y los docentes no deberían haber sido despedidos, sin embargo la Consejería sólo dijo que las instrucciones eran legales, lo que queda ahora desmentido, y que la calidad de la enseñanza mejoraría de esa manera.

El resultado fue que se perdieron desdobles, refuerzos, actividades complementarias y extraescolares, bibliotecas, proyectos educativos, unidades, y se incrementaron las ratios y con ello las dificultades del alumnado para su proceso educativo, perdiendo profesorado especialista y dejando sin cubrir las ausencias del profesorado que se encuentra de baja, vulnerando con todo ello el derecho a la educación.

Ahora toca el camino inverso. Los tribunales han dicho que las horas perdidas no debieron ser eliminadas, que los horarios deben ser realizados de nuevo en base a la legislación vigente, y ello obliga a que los docentes despedidos vuelvan a las aulas para atender a un alumnado del que nunca deberían haberse alejado.

La cuenta es sencilla. Dos horas a la semana que deben ser recuperadas suponen más de 40.000 horas semanales que pertenecen a los IES madrileños. Es decir, que se pierden de forma ilegal por este concepto aproximadamente un millón y medio de horas de trabajo anualmente, lo que significa que deben regresar de forma inmediata más de 1.300 docentes para volver a tener esas horas debidamente cubiertas.

En otra nota de prensa posterior decíamos también “…exigimos: la anulación de las Instrucciones que se dictaron para el próximo curso escolar; la derogación de la Orden sobre las tutorías; la reincorporación inmediata de todos los profesores despedidos en la enseñanza pública; la recuperación de los horarios y de los encargados de llevar a cabo esta importante labor tutorial; y el cumplimiento real de la LOE, Ley que regula el funcionamiento de la educación española.” Siguen estando vigentes dichas demandas, y ahora más que nunca.

La marea verde, de la que la FAPA forma parte principal, repitió de forma insistente durante todo el curso escolar anterior que las instrucciones eran ilegales, que debían ser eliminadas, que los docentes debían volver a las aulas. La Consejería de Educación y Empleo hizo oídos sordos y siguió su senda hacia el desmantelamiento de la escuela pública. Ahora los tribunales dan la razón a quien la tiene, la Comunidad Educativa madrileña, la marea verde.

La FAPA reitera su exigencia de que la Consejería de Educación y Empleo dé marcha atrás en sus ilegales actuaciones y que vuelvan a las aulas madrileñas los más de 7.500 docentes que han desaparecido de los centros públicos madrileños en los últimos años. Se han eliminado ilegalmente y deben recuperar sus trabajos, y nuestros hijos e hijas la calidad educativa a la que tienen derecho. Nos seguimos negando a perder todo lo positivo que tiene la escuela pública y a que se su calidad sea rebajada para igualarla a la de la enseñanza privada. La escuela pública es la mejor y debe seguir siéndolo. Es un derecho constitucional. BASTA YA.

25 de septiembre de 2012


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