Nota de prensa denuncia prevaricación por cantidades no ejecutadas en educación en el 2014

Martes 15 de diciembre de 2015 por Antonio

LA Federación de la Comunidad de Madrid de APAs “Francisco Giner de los Ríos” ultima una denuncia por posibles delitos de prevaricación contra el anterior presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la anterior Consejera de Educación, Lucía Figar, por dejar de ejecutar al menos 130 millones de euros del presupuesto de educación, al entender que con ello perjudicaron a la educación pública madrileña a sabiendas de ello y con intención de que así fuera.

La FAPA Francisco Giner de los Ríos ha puesto en manos de su asesoría jurídica la documentación que tiene sobre la falta de ejecución presupuestaria en el ejercicio 2014, que en el caso de la Consejería de Educación ascendió a unos 130 millones de euros. Con ello, la ejecución real del año pasado supuso un recorte de 112 millones de euros sobre el año 2013.
En la Comunidad Autónoma que menos invierte en educación de todo el Estado desde hace años, estos 130 millones no ejecutados tuvo que asumirlos la educación pública, siendo perjudicada gravemente de forma deliberada y consciente. Por ello, la FAPA estima que existe un posible delito de prevaricación por parte de quienes tomaron la decisión de que ello fuese así y les llevará a los tribunales por dicha actuación.
Con esos 130 millones se podían haber revertido los recortes en profesorado que se han producido en los últimos años. Según las cifras que se manejan, se han eliminado unos 4.000 docentes en la escuela pública, y con el dinero no ejecutado se podría haber recuperado casi ese mismo número. Los datos sobre la liquidación de los presupuestos de 2014 demuestran que se dejaron sin gastar, por ejemplo, 11,8 millones para sueldos de maestros de infantil, primaria y especial, 6 millones para enseñanzas especiales (conservatorios y escuelas de idiomas) o 40,7 millones para educación compensatoria. Una Comunidad Autónoma que triplica los datos de fracaso escolar de la que más bajos los tiene en el Estado, y que no es capaz de mejorar la media del mismo, deja de gastar más de 40 millones de euros que estaban destinados al apoyo y refuerzo del alumnado que tiene mayores dificultades para progresar en el sistema educativo. El alumnado de la escuela pública fue perjudicado de forma intencionada y esto no puede obviarse.
Tampoco se ejecutaron otros 38 millones de euros destinados a la construcción de centros públicos, cuyas consecuencias sufren las zonas afectadas, como se está denunciado de forma reiterada por la FAPA y las diferentes comunidades educativas de dichas zonas.
Mientras esto sucede en la escuela pública, se gastaron 57 millones de euros más de los presupuestados para la enseñanza privada concertada y, si tenemos en cuenta el aumento que se propone para el año 2016, el incremento desde el 2011 será de 126 millones de euros. Curioso que casi coincidan con los 130 de no ejecución en la pública, que sumados al recorte total experimentado, demuestran la política de acoso y derribo a la educación pública.
La FAPA solicitará en la denuncia que testifiquen, en calidad de testigos, todas las personas que ocuparon cargos a nivel de Viceconsejería, Dirección General y Dirección de Área Territorial en la anterior legislatura, porque tienen datos sobre lo sucedido y recibieron, con total probabilidad, instrucciones directas de no ejecutar partidas económicas, por lo que deberán exponerlo ante el juzgado que abra las diligencias sobre este asunto. Y vuelve a decir #CuatroAñosMásAsíNo.
15 de diciembre de 2015

FAPA Giner de los Ríos


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